La discapacidad suele ser vista como una situación ajena, nunca nos imaginamos pertenecer a esta población aislada y “diferente”. Pensamos que eso solo le pasa a una pequeña parte de las personas y construimos un muro que divide la gente “normal, de la gente “diferente”. Cuesta decir: “son personas diferentes”, y no hay que decirlo con temor, lo son, pero igual hay que incluirlos. 

 

En Medellín basta con recorrer las calles, ir a los hospitales, un parque, las universidades, para percatarse de que esta es una población que hace parte de la ciudad. Cada día se evidencia con más fuerza la participación protagonica de las personas con discapacidad y los procesos de inclusión que se vienen desarrollando desde el Estado, entidades privadas y fundaciones que tratan de quitar el concepto medieval de “retardados”, “mongolos” para nombrarlos de forma adecuada. Trabajan en supermercados, la alcaldía y bancos. Son artistas, creativos y diseñan. Cantan, bailan y hacen teatro. Todo esto se sale del imaginario de “no es capaz” para entrar en un nuevo mundo de las capacidades sin límites.

 

El 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva. La innovación social. entonces, se convierte en un factor indispensable para la mejora de calidad de vida y oportunidades, desde el Estado hasta la ciudadanía, se debe propiciar que la tecnología sea accesible y asequible, el trabajo digno y la educación de calidad en igualdad de oportunidades con el resto de la población. El problema es que en la mayoría de los casos estas nuevas alternativas son muy costosas y no están al alcance del promedio de la población.

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Para abordar esta problemática no se debe referir a víctimas y victimarios, sino a agentes participativos y generadores de cambio. El Estado como ente regulador tiene la tarea de brindar ayudas y proyectos que los impacte de manera positiva, desde las políticas hasta los recursos destinados. Las empresas juegan un papel indispensable, estas pueden gestar soluciones a obstáculos laborales que les impiden ejercer actividades considerándolos no productivos, puesto que del 53,2 % de la población con discapacidad que es productiva, solo el 15,5% encuentra las oportunidades para hacerlo.

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Por otra parte, en la mayoría de gobiernos no se priorizan el presupuesto para esta población, y por eso terminan siendo olvidados por el Estado y sin desarrollar programas que realmente los impacte en todas sus dimensiones, sino que se convierten muchas veces en proyectos que buscan solamente el cumplimiento de unas metas previamente establecidas y se quedan haciendo el mínimo, y no el máximo.

 

En relación con esto, la discapacidad ha estado asociada con niveles altos de pobreza y esto se debe a que, paradójicamente, las poblaciones vulnerables son las que cuentan con un número mayor de personas con discapacidad.  En Medellín, por ejemplo, el mayor porcentaje de personas con discapacidad se tiene cabida en estratos bajos, siendo el 2 el de mayor población con un total del 48,6%. Es por esto que muchas veces, esos esfuerzos que hacen las instituciones públicas son mínimas con respecto a las necesidades tan grande que tiene este grupo de personas.

 

Es por esto, que muchas veces las únicas soluciones se encuentran en las instituciones privadas y adquieren un protagonismo mayor a la hora de propiciar espacios de aprendizaje real y de calidad, puesto que un joven cuando termina los estudios de primaria y bachillerato choca con una barrera que le impide ir más allá, todo en dependencia del grado y el diagnóstico de su discapacidad, se ven limitados a entretenerse con lo que sus familias le pueden brindar o a finalizar un proceso de aprendizaje formal. Esta es una situación que se genera desde lo global, ya que en el mundo, solo el 5,26% de personas con discapacidad completan estudios de educación superior.

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Además, uno de los mayores problemas que se tiene es que en cierta parte la discapacidad se ha vuelto un tema tabú y que se cree que solo le compete a unos cuantos. Es por esto, que se trata de una forma un poco "misteriosa" y no resulta fácil reclutar información respecto a él. Esto se evidencia claramente en las constantes contradicciones de las cifras presentadas por el DANE en Colombia, respecto a cuánta es exactamente la población de personas con discapacidad en el país. Esto, gracias a que se hace a través de un complicado sistema de recolección de información llamado el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que muchas veces no está al alcance de todos ni tampoco toda la población es informada.

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Es así como resulta complicado poder plantear verdaderas estrategias de inclusión y de reconocimiento de la discapacidad como la potencialización de muchas otras capacidades, si ni siquiera se tienen claros datos tan mínimos y esenciales como cuánta es la población que se debe impactar. Y si ni el Estado lo sabe, ¿quién sí?

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