En Colombia y específicamente en Medellín, la problemática en torno a la discapacidad no es solo de personas, sino de números. Los informes no determinan en realidad cuántas son las que representan esta población, y el desconocimiento del deber de registrarse las ha borrado de los ojos del Estado.
Al Estado le falta sumar
La discapacidad es una ruleta en la que todos alguna vez participamos, nadie está exento de serlo. Para algunos no presenta una dificultad significativa, pero para la mayoría es un reto con el que tienen que vivir presente a diario. En Colombia tienen dos posibilidades: registrarse y entrar a hacer parte de la lista para recibir un beneficio, o no hacerlo y dejar de reconocer los derechos mínimos como integrante de una población particular.
Sofía Cabrera nació como una bebé a la que suelen llamar “normal”, dos piernas, dos brazos, facciones físicas que compaginaban con las de su familia fueron las señales suficientes para indicar que todo estaba bien. Al pasar sus primeros años de vida notaron que lo “normal”, a lo que estaban acostumbrados estaba cambiando. Se distraía fácil, le dificultaba adaptarse al ambiente y relacionarse con el otro. El instinto paternal de sus padres hizo que decidieran acudir a el diagnóstico de un médico para tranquilizarse, o para lo que ningún padre está preparado, indicar que había algo “anormal”. Luego de pasar entre resultados y valoraciones diversas, Sofía es diagnosticada a los cuatro años de edad con discapacidad cognitiva y del desarrollo, más conocida como Autismo. Pese a la noticia un poco desalentadora, fue una entre las pocas personas con discapacidad que tuvo la oportunidad de ingresar a un proceso de inclusión temprano.
Diego Álvarez, padre de joven, tuvo que recurrir a la tutela para que el derecho de educación de su hija no fuera vulnerado, y gracias a ello disfrutar de una vida escolar no fue impedimento. Sin embargo, no todos los padres y jóvenes pueden contar la misma historia. Solo en Medellín se tienen registradas 63.840 personas con discapacidad (con corte al 31 de diciembre del 2017), las cuales representan una población vulnerada y en ocasiones, olvidada.
El Estado en la Agenda 2030 plasma un conjunto de objetivos que pretende cumplir para alcanzar el desarrollo, en este se mencionó la palabra discapacidad 15 veces. Uno de ellos es permitir que las tecnologías de la información y las comunicaciones estén al alcance del dominio público, pero no parece ser una prioridad para Medellín. Si bien desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se vienen desarrollando programas para proteger y ayudar a esta población, en los proyectos y objetivos de la Unidad de Discapacidad, la cual le compete directamente, no se visibiliza la tecnología accesible.
La Unidad de Discapacidad como ente responsable de esta población, no facilita las ayudas suficientes para que las personas desarrollen las capacidades y traspasasen los límites del medio. Diana Patricia Osorio, profesional universitaria de la Unidad manifiesta que desde hace varios años solo se proporcionan sillas de ruedas, que oscilan entre un millón de pesos, dado que existe una problemática latente entre los usuarios y el sistema de salud, los cuales posponen en muchas ocasiones la entrega de estas ayudas. Los bastones y caminadores por ley no le competen a la Unidad gestionarlas.
Estas situaciones fueron algunas de las causas para que hace 15 años naciera la Fundación Todos Podemos Ayudar, donde el joven Camilo Betancur junto a su padre Oscar Betancur, se preocuparon por hacer accesibles y asequibles las herramientas básicas que cualquier ser humano necesita para vivir de manera digna. Un tenedor, una cuchara o un mouse para el pie son adaptados y su construcción compartida para uso libre, de tal forma que quien tuviera la necesidad de
adquirirlos, con tan solo darle clic a un video encuentre la forma de elaborarlos en casa. Si bien en el mercado se comercializan unos cuantos objetos acondicionados, su precio es inalcanzable para cientos de personas que su condición les impide trabajar o que solo un tutor tiene la responsabilidad de velar por su subsistencia.
Dichas condiciones que obstruyen la vida digna de estas personas se evidencian principalmente en los estratos bajos de la ciudad, para quienes estos proyectos se convierten en milagros que cambian su vida. Permitir que un joven que depende de su madre, quien a la vez trabaja para suplir las necesidades básicas, pueda realizar actividades como comer de manera independiente, aporta a la mejora de su calidad de vida y de las personas con las que convive. Sevida (grupo de investigación Seguridad Vial de Antioquia de la Universidad de Antioquia) reconoce que en Medellín el 95% de esta población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, siendo Manrique la comuna con mayor número, con un total de 7.014 casos; le siguen comunas Popular, San Javier y Robledo.
Sin embargo, este número no dimensiona la cantidad de personas que a diario se enfrentan con estas problemáticas, puesto que las cifras en Colombia son confusas, contradictorias e incompletas. El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad tiene en cuenta solo aquellas que de manera voluntaria y autónoma se presentan, sin necesidad de comprobarlo con un certificado oficial. Además, la Unidad de Discapacidad también reconoce que las ayudas económicas solo son destinadas a quienes se inscriban previamente, es decir, quien no se tome el trabajo de ir hasta Belén Las Playas durante las fechas estipuladas, no tiene derecho a recibirla. Es así como muchas familias por situaciones de tiempo, trabajo, dinero y en la mayoría de casos desconocimiento, dejan de pertenecer a las cifras que tiene el Estado para comprobar y destinar recursos.
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El DANE en el censo de 2005 registró en Colombia 2.632.255 personas con, por lo menos, una limitación, sin embargo, el último registro que se tiene revela que para el 2015, solo había 1.178.703 personas registradas. La confusión en las cifras revela que, además de ser la discapacidad en sí una preocupación que va tomando fuerza, el cálculo de cuántas personas son, lo acrecienta más, generando que las acciones del Estado impacten un bajo porcentaje de la población a la que en realidad debería hacerlo.
Tal vez jóvenes como Sofía Cabrera no están afectados por no sumar en la lista, pues cuenta con los recursos, el apoyo y los medios necesarios para desarrollarse en igualdad de condiciones. Sus padres pueden costear estudios adaptados, recreación y los cuidados necesarios. Mientras que otros luchan a diario para sobrepasar los límites con toda su fuerza
Imagen: Pinterest
posible, porque no han ganado una tutela, sus padres se han quedado sin trabajo o porque por su condición de “anormal” le impiden laborar. La innovación es un concepto inexistente, pues como dice Diana, siempre se han mantenido la misma línea de proyectos, ellos no tienen la oportunidad de salir de la burbuja que el Estado les ha formado, ya sea por presupuesto, falta de creatividad o simplemente negligencia.
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